martes, 31 de enero de 2012

LOS PREVILEGIOS PRESUPUESTARIOS.



PUNTA ARENAS 01  DE FEBRERO DEL 2012

SEÑOR 

EDITOR DE MEDIO DE COMUNICACION Y DIFUSION PUBLICA 

PRESENTE 

HACEMOS LLEGAR A SU RESPETABLE MEDIO---

LOS PREVILEGIOS PRESUPUESTARIOS. 

20/01/2012

Los privilegios presupuestarios que mantendrán las FF.AA si se aprueba derogación de Ley Reservada del Cobre


Según diversos actores, incluido un informe de CIEPLAN, el avance que significa el término de la entrega de 10% de las ventas al extranjero de Codelco se ve empañado por algunos amarres con los que no cuentan el resto de los sectores, como un presupuesto plurianual o pisos de gastos, afirma El Mostrador en el siguiente reportaje.
En septiembre de 2009, la entonces mandataria Michelle Bachelet envió al Parlamento un proyecto de ley para derogar la Ley Reservada del Cobre, que hasta hoy entrega a las Fuerzas Armadas el 10% de las ventas al extranjero y subproductos de Codelco a las Fuerzas Armadas.

Pero su discusión fue aplazada, principalmente, porque se optó por acentuar el esfuerzo legislativo en impulsar la ley de modernización del ministerio de Defensa y, como recuerda el diputado Jorge Burgos, no estaban los votos necesarios.

En definitiva, fue el gobierno de Sebastián Piñera el que mandó un proyecto nuevo, el cual fue trabajado por el ex ministro de Defensa Jaime Ravinet y luego por su sucesor, Andrés Allamand. Fue éste junto a un equipo asesor encabezado por el ex subdirector del CEP y actual ministro de Educación, Harald Beyer, quienes afinaron la propuesta. El 10 de enero pasado ésta fue despachada desde la Comisión de Defensa de la Cámara Baja, siendo el proyecto objeto de diversas críticas.
“Este proyecto reemplaza unos privilegios por otros, cuando lo que uno quisiera es que no hubiera ningún privilegio”, afirma Jorge Rodríguez, investigador de CIEPLAN.
Según un informe desarrollado por Cieplan, si bien el proyecto constituye un “avance” al derogar la Ley Reservada del Cobre “mantiene al sector Defensa con importantes privilegios presupuestarios respecto del resto de los sectores, los que no son justificables desde el punto de vista de la eficiencia en el uso de los recursos públicos”.

Entre estos privilegios, detalla el informe, se cuentan un presupuesto plurianual, pisos de gasto, un fondo de contingencia sectorial y el derecho a incorporar al presupuesto del año siguiente los saldos de caja para la adquisición de material bélico que no hayan sido devengados al 31 de diciembre.

Y si bien estos elementos “pueden tener méritos como instrumentos de gestión presupuestara, no se justifica que se apliquen sólo al sector Defensa”.
En opinión del investigador del centro de estudios, Jorge Rodríguez, este proyecto de ley “reemplaza unos privilegios por otros, cuando lo que uno quisiera es que no hubiera ningún privilegio”. El economista recalca que ello no tiene justificación ante la ciudadanía, ya que no se explica por qué no se hace lo mismo en sectores emblemáticos como Educación o Salud. “El país para crecer necesita equilibrio en todos sus presupuestos. Incluso podría discutirse si es bueno instaurar presupuestos plurianuales, pero si es así es bueno para todos”.

Esto es compartido por el ex asesor del ministerio de Defensa y actual coordinador del taller de Defensa del Instituto Igualdad, José Díaz, quien destaca el avance de derogar esta ley, aunque reconoce varias falencias. Entre ellas, justamente la plurianualidad, que considera “interesante”, pero “es raro que se empiece por Defensa” y no por otros ministerios más sensibles.

En Cieplan destacan como aspectos positivos de la propuesta, entre otros, el desligar las decisiones de inversión en el sector Defensa de la disponibilidad cíclica de recursos del cobre, el ingresar al presupuesto los ingresos fiscales provenientes de Codelco que hoy se consideran como extrapresupuestarios y considerar una instancia periódica de discusión parlamentaria sobre presupuesto de las FF.AA. Sin embargo, concluyen que también introduce inflexibilidades que impedirían ajustar a la baja el presupuesto de Defensa, lo que no deja claro “cómo ello se compatibiliza con la política fiscal de balance estructural”, ya que en principio se entendería que ante la eventual necesidad de ajustar el gasto público, se debería ajustar el presupuesto de otros ministerios distintos a Defensa, lo que no parece justificado.
]“El país para crecer necesita equilibrio en todos sus presupuestos. Incluso podría discutirse si es bueno instaurar presupuestos plurianuales, pero si es así es bueno para todos” (Jorge Rodríguez).
Entre otros problemas, Díaz destaca el establecimiento de un piso mínimo de gasto anual, que no podrá ser inferior al 70% del monto promedio de la inversión en material bélico financiado por la Ley Reservada del Cobre entre 2001 y 2010. Ésto, asegura, “ya es una anomalía”.

Además, señala que este piso “es extraordinariamente alto, ya que se formuló en función de los últimos años excepcionalmente buenos para el rendimiento de la ley del cobre. Es un monto importante: hay cálculos que hablan sobre 500 millones de dólares anuales e incluso hay algunos que plantean que podría llegar a 700 millones de dólares. Son cifras verdaderamente importantes pensando que son para adquisición de sistemas de armas nuevos, tomando en cuenta que la gran mayoría de las compras importantes ya se realizaron en administraciones anteriores”.

Por otro lado, Díaz rechaza el establecimiento de un fondo de oportunidad “que permitirá que en alguna ocasión se pudiese adelantar alguna compra. Es excesivo, porque si requirieses esto alguna vez implicaría que hubo mala planificación. Además no tiene mucho que ver con una crisis porque una adquisición plena de sistema de armas es cosa de varios años”.


Filosofía de la Desconfianza

El ex subsecretario de Aviación, Raúl Vergara, explica que “toda la filosofía tras la ley está basada en la desconfianza de que el Congreso en algún momento pueda disminuir o alterar flujos normales de presupuesto a Defensa. Por eso tiene amarre”.
En todo caso, aclara que esta mirada estuvo siempre incluida en la propuesta de la era Bachelet.

“El presupuesto de la ley que trabajamos anteriormente también tenía esa debilidad, que apunta a dar garantías contra posibles usos políticos para que hubiese un flujo indispensable para el desarrollo de las Fuerzas Armadas”. La diferencia, aclara, “es que no trabajamos tanto los pisos presupuestarios que se le están dando ahora”.

Para Vergara el “quid del asunto está en la desconfianza en que la clase política perjudique a Defensa, por lo que vienen los amarres. Y lamentablemente este sector es como un portavoz de las inquietudes militares en última instancia cuando debiera ser la autoridad política la que decidiera lo que se hace”.

El miembro de la Comisión de Defensa de la Cámara Baja, Jorge Burgos, considera que el proyecto “tiene la virtud de derogar la Ley secreta del cobre y es una buena noticia para Chile, pero requiere la búsqueda de acuerdos transversales. Lo que el gobierno mandó modifica la Ley Orgánica de las FF.AA. y al hacerlo requiere de alto quórum, no le alcanza sólo con los votos de la Alianza ni los independientes”. Por ello, concluye, “Allamand tiene que buscar una negociación previa a la Sala, a pesar de lo cual habrá varios aspectos que perderá”.

José Díaz respalda la necesidad de llegar a consensos amplios, ya que explica que el proyecto terminó siendo “muy favorable a los intereses corporativos de los militares”, lo que a la larga implica que “las instituciones se hacen un flaco favor si hacen una legislación tan favorable a sus intereses, porque éstas se van revisando en el tiempo y al cambiar el escenario probablemente sean modificadas. Entonces, lo que puede ser una ganancia ahora, en otro momento puede ser muy negativo”.
por otro lado---

09/01/2012

CIEPLAN analiza derogación de Ley Reservada del Cobre


Esta semana la Cámara de Diputados votará para modificar la Ley Reservada del Cobre.
Un documento del Programa Legislativo de CIEPLAN cuestiona el proyecto, que busca modificar el sistema de financiamiento de las Fuerzas Armadas y que esta semana será votado en la Cámara de Diputados, por ser poco eficiente en el uso de los recursos públicos.
En una minuta elaborada por el equipo del Programa Legislativo de CIEPLAN, se plantea que si bien el proyecto de derogación constituye un avance en materia presupuestaria, “mantiene al sector Defensa con importantes privilegios presupuestarios respecto del resto de los sectores, los que no son justificables desde el punto de vista de la eficiencia en el uso de los recursos públicos”.

Entre los privilegios, se mencionan el presupuesto plurianual, pisos de gasto, un fondo de contingencia sectorial y el derecho a incorporar al presupuesto del año siguiente los saldos de caja para la adquisición de material bélico que no hayan sido devengados al 31 de diciembre. De acuerdo al documento, estos elementos “pueden tener méritos como instrumentos de gestión presupuestaria, pero no se justifica que se apliquen sólo al sector Defensa”.
"El proyecto de derogación mantiene al sector Defensa con importantes privilegios presupuestarios, los que no son justificables desde el punto de vista de la eficiencia en el uso de los recursos públicos”, dice el documento.
Por otro lado, se destaca que “el proyecto introduce inflexibilidades que impedirían ajustar a la baja el presupuesto de Defensa. En este sentido, no es claro cómo ello se compatibiliza con la política fiscal de balance estructural”. Según el documento, la necesidad de ajustar el gasto público requiere un recorte en el presupuesto de otros ministerios.

La minuta afirma que el proyecto no ha avanzado lo suficiente en distintas materias de gestión pública en las que el sector Defensa ha demostrado atrasos, como en evaluación ex ante proyectos de inversión; evaluación ex post del gasto; gestión de inversiones financieras; rendición de cuentas y transparencia, y gestión de gastos reservados, aspectos que deben ser abordados en la discusión parlamentaria.

El documento también hace una comparación entre el proyecto analizado y el proyecto para establecer un nuevo sistema de financiamiento de la Defensa Nacional, presentado por la Administración de la ex presidenta Michelle Bachelet en 2009, encontrando diferencias en la reducción de los privilegios presupuestarios del sector Defensa.

Pese a que los aspectos positivos del proyecto, como que las decisiones de inversión no se tomarán en función de los recursos del cobre; que los ingresos fiscales extrapresupuestarios provenientes de CODELCO se vayan al presupuesto del sector Defensa; en que los recursos a las Fuerzas Armadas dejarán de subdividirse entre sus tres ramas, sin considerar los proyectos específicos de cada una de ellas, y que se considerará una discusión parlamentaria periódica sobre este presupuesto, el documento sugiere legislar, “pero perfeccionar el proyecto en su tramitación legislativa”.
FUENTE---WWW.CIEPLAN.ORG

Corporacion de Estudio para Latinoamerica 

martes, 24 de enero de 2012

Gobierno promociona como “viviendas terminadas” casas que aún tienen daños por el terremoto




PUNTA ARENAS 24 DE ENERO DEL 2012 

 

SEÑOR 

 

EDITOR DE MEDIO DE COMUNICACION Y DIFUSION PUBLICA 

 

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HACEMOS LLEGAR A SU RESPETABLE MEDIO--- 

 



Reconstrucción: Gobierno promociona como “viviendas terminadas” casas que aún tienen daños por el terremoto

Por : Pedro RamírezJuan Pablo Echenique y Tabatha Guerra en Reportajes de investigaciónPublicado: 22.03.2011

 

57,7% DE SUBSIDIOS YA ENTREGADOS SON PARA REPARAR CASAS

portada-reconstruccion


El gobierno otorgará 220 mil subsidios de reconstrucción, pero sólo la mitad serán viviendas nuevas. El otro 50% será para reparar casas. Los datos oficiales, al 28 de febrero, hablan de 12.503 “viviendas terminadas”. Pero de éstas, sólo 1.042 son nuevas. Las 11.461 restantes (91%) son casas reparadas. Lo que no dicen las estadísticas es que estos subsidios de reparación tienen un tope de 55 UF y que el gasto efectivo en materiales promedia $750 mil por hogar. En muchos casos ese dinero no alcanza para arreglar todos los daños de la vivienda, aunque en el discurso oficial esa casa figura como “reconstruida”.

Cada vez que Cecilia Aguilera Mejías (65) o su hija María José (25) descargan el estanque de su baño, el agua corre por la pared. Para evitar que la humedad siga dañando el muro, llenan un tiesto con agua que dejan caer directamente a la taza cuando usan el baño. No es la única incomodidad que les dejó el terremoto y que aún persiste. Varias tejas del techo se rompieron y el dormitorio principal se llueve. Las planchas del cielo en la habitación de la hija se partieron. El lavaplatos se desplazó del desagüe y para ocuparlo lo montaron sobre una botella de plástico y un tarro. Los muros del comedor, dormitorios y cocina quedaron con fisuras. La instalación eléctrica se dañó en el entretecho, por lo que no tienen luz en el living-comedor ni en uno de los dormitorios. Y si hoy el baño cuenta con una ampolleta, es gracias a una peligrosa extensión provisoria.

Lo único que se ha reparado en el hogar de Cecilia Aguilera es el muro que lo separa de la calle. Fue la prioridad porque se vino abajo por completo. Lo curioso es que, a pesar del racimo de daños evidentes que dejó el sismo en su casa, figura en las estadísticas del Ministerio de Vivienda (Minvu) como uno de los hogares ya reconstruidos gracias a los planes dispuestos por el gobierno para los damnificados por el terremoto y tsunami.

Efectivamente, esta vecina de Recoleta recibió uno de los 132 mil subsidios del plan de reconstrucción que el gobierno ya ha repartido (vea aquí las nóminas de los seleccionados en 2010 y de los seleccionados en enero de 2011) y su casa es una de las 12.503 que en las estadísticas oficiales figura como “vivienda terminada”.

Cecilia Aguilera obtuvo el beneficio en abril de 2010, bajo la resolución 2980. Se trata del subsidio denominado Programa de Protección del Patrimonio Familiar (PPPF), que otorga hasta 55 UF (poco más de $1.180.000) para reparar viviendas. Ella cuenta que después de haber recibido el certificado que la acreditaba como portadora del subsidio, la visitó un representante de la constructora que haría las reparaciones:

-Me dijeron que tenía que escoger, porque la plata alcanzaba sólo para arreglar una cosa. Y como vivimos solas, por seguridad preferimos levantar el muro. Pero yo no tengo recursos para seguir arreglando. Estoy agradecida por el subsidio, porque fue una gran ayuda y nos da tranquilidad el muro, pero no se puede decir que la casa está reparada.La dueña de casa dice que recibe una pensión de viudez de $225 mil y que gasta $180 mil mensuales en la universidad de su hija, estudiante de kinesiología. Para subsistir, recibe la ayuda de un sobrino que le paga algunas cuentas de servicios básicos, le lleva una canasta con mercadería todos los meses y le da $20 mil para que la hija cargue la BIP y pueda asistir a clases. “Sólo arreglar el lavaplatos me sale como $60 mil y no los tengo”, señala.

La mitad del techo

Tal como ocurre con Cecilia Aguilera y su hija, son miles los chilenos damnificados que ya ocuparon el subsidio PPPF y cuyas viviendas aún tienen serios daños, pero sus casos aparecen en las estadísticas del gobierno como resueltos.

El Minvu ha anunciado que repartirá 220 mil subsidios para subsanar la emergencia. Un lector poco informado puede pensar que eso significa que se construirán 220 mil nuevas viviendas. Pero no es así. Sólo la mitad de los subsidios serán para construir o adquirir casas, los restantes 110 mil serán para repararlas con un tope de 55 UF.

Las normas prohíben la autoconstrucción, por lo que quienes reciben el beneficio están obligados a contar con un profesional que supervise las obras y una constructora. De acuerdo con la investigación hecha por CIPER en terreno, estas empresas están cobrando hasta más de un tercio del monto del subsidio por sus servicios, entre 18 UF y 20 UF. Esto significa que la inversión efectiva en materiales para la reparación oscila en torno a los $750 mil por casa. Con ese monto, por ejemplo, la empresa que trabajó en la casa de Sandra Aravena Bustos en Conchalí, quien recibió el subsidio en mayo (resolución 3701), sólo alcanzó a cambiar la mitad de su techo:

-Quedamos con daños en el techo de la casa, en el techo del lavadero y se cayeron dos muros medianeros con los vecinos. Postulamos al subsidio, pero la plata alcanzó para la mitad del techo. Se ve bien “simpático”, con la mitad del techo hecho de zinc, metálico, y la otra mitad con el pizarreño viejo (…). Estoy agradecida por el subsidio, pero me parece que no está bien que se diga que mi casa quedó reconstruida, porque tenía más daños -señala Sandra Aravena, operaria de una fábrica de calzado que gana cerca de $200 mil mensuales.

Al 28 de febrero, de acuerdo con las cuentas recién actualizadas del Minvu, el gobierno había entregado 132.829 subsidios. De estos, 76.699 son de reparación con un tope de 55 UF, lo que corresponde al 57,7% del total ya asignado.

CIPER revisó las nominas de los beneficiados con este subsidio en cinco comunas de la Región Metropolitana (San Bernardo, Recoleta, Quilicura, Quinta Normal y Conchalí). En cada una tomó 15 nombres y los buscó en el directorio telefónico. De los 75 seleccionados, alrededor de 35 tenían registrado teléfono fijo y, de éstos, 18 atendieron nuestra consulta (otros dos se negaron y en el resto no hubo respuesta). El rastreo se complementó con visitas. Además, se hizo un levantamiento de información en el barrio Pila del Ganso, en Estación Central.

Respecto de la muestra contactada telefónicamente, de los 18 consultados sólo seis se manifestaron completamente satisfechos con las reparaciones, indicando que se había arreglado el ciento por ciento de los daños: Katherine Salinas Meza(Recoleta), Dionisia Muñoz Vergara(Quilicura), Silvia Morales Zuñiga (San Bernardo), Elías Olea Saavedra(respondió su esposa, San Bernardo), Ana María de Jesús Hormazábal (Conchalí) yErika Larrañaga Benavides (Conchalí).

Dos personas recibieron el subsidio, pero aún no se ejecutaban los trabajos: Zoila Encina Peña(Recoleta) y Corina Correa Cereceda (Conchalí).

En los diez casos restantes, el testimonio fue prácticamente el mismo. Todos aseguraron que sus viviendas tenían más daños que los que había cubierto el subsidio y que estaban lejos de recuperar las condiciones de habitabilidad que tenían antes del terremoto. De todas formas, los diez se manifestaron agradecidos por la ayuda que les brindó el gobierno y ninguno opinó con ánimo de denuncia. Tampoco hubo críticas de orden político a las autoridades. De hecho, sólo una persona -que se negó a responder la consulta- mencionó el factor político, pero a favor del gobierno, pues dijo que prefería no hablar para que “la Concertación no se aprovechara de pegarle a Piñera”.

“Puertas de raulí”

Pablo Ivelic, coordinador del Programa de Reconstrucción de Vivienda del Minvu, asegura que los responsables del plan de reconstrucción estaban conscientes de que en muchos casos el subsidio de reparación no cubriría todos los daños ocasionados por el terremoto en las casas. Pero, sostiene que había que poner un límite al monto que se asignaría a cada familia y que les pareció que 55 UF era suficiente:

-La experiencia indica que si pones un tope alto pensando en las casas más dañadas, ese monto se utilizará para reparar casi todas las casas, aunque tengan un daño menor. Me carga que se tome el ejemplo de Tocopilla como para empatar con el gobierno anterior, porque en verdad tuvo cosas buenas, pero también errores que no podíamos repetir. En Tocopilla se fijó una escala muy amplia para reparar, hasta el límite de 200 UF (unos $4.300.000). Y lo que pasó es que casi todos repararon por ese monto. El promedio final fue de 196 UF (unos $4.214.00). Hay casas que antes tenían marcos de fierro y ahora tienen marcos de aluminio y puertas de raulí.

Ivelic confirma que “el espíritu del plan de reconstrucción es devolver las condiciones de habitabilidad que tenía la familia antes del terremoto”. Pero admite que serán muchos los casos en que el subsidio de 55 UF estará lejos de restituir la calidad de vida que tenían los hogares.

-Estoy de acuerdo en que hay casos en que el daño es mucho mayor que las 55 UF, pero era necesario poner un tope. Estas familias tienen la opción de volver a postular a un subsidio para seguir mejorando su vivienda -asegura, aunque reconoce que para postular a un nuevo beneficio se exige un ahorro previo de 3 UF (cerca de $65 mil): “Eso es una limitante para mucha gente, pero había que poner un límite razonable”.

Ivelic confirma que el gobierno no ha dimensionado el porcentaje de familias que ya ocuparon el subsidio de reparación y que siguen con un gran daño en sus casas: “No lo hemos pensado. Lo que sí se ha pensado es que la vía para esas familias es que postulen a otro subsidio de mejoramiento de vivienda”.

Y admite que tampoco se ha discutido en el Ministerio de Vivienda la posibilidad de flexibilizar el requisito de ahorro previo para que las familias vulnerables a las que no les alcanzó para reparar todos los daños, postulen a nuevos subsidios:

-El problema al flexibilizar los requisitos es cómo limitamos la demanda, cómo evitamos que la excepcionalidad se convierta en la regla.

Enfoque engañoso

El mismo día del primer aniversario del terremoto, el domingo 27 de febrero, La Tercera publicó en el título principal de su portada: “Gobierno ha entregado 10 mil casas y promete fin a aldeas de emergencia el 2012”. Ivelic cuenta que vio el diario poco después de haber abandonado Cobquecura, donde había participado junto al Presidente Sebastián Piñera en una vigilia por las víctimas del terremoto. Reconoce que lo sorprendió, porque la nota, tal como estaba redactada, daba la idea de que el gobierno ya había entregado 10 mil casas nuevas:

-Yo habría sido el más feliz del mundo si hubiera sido así, pero la verdad es que de esas 10 mil casas, más de nueve mil eran viviendas reparadas (con el subsidio de 55 UF) y eso no quedaba claro.

En general, la política comunicacional del gobierno se ha centrado en destacar el cumplimiento de las metas de subsidios entregados sin hacer la distinción entre aquellos que son para construir casas y los que corresponden a reparaciones. Y hasta ahora, nadie del gobierno había reconocido que de las viviendas reparadas, un amplio porcentaje seguirá con daños porque el monto entregado a las familias es insuficiente.

En concreto, con las estadísticas actualizadas a febrero, el gobierno informa que las “viviendas terminadas” son 12.503. De esa cifra global, sólo 1.042 son casas nuevas. De éstas, 567 fueron construidas en el sitio que ya poseía la familia beneficiada y 475 adquiridas (previamente construidas). Hasta ahora no hay ni una levantada en nuevos terrenos (en villas o poblaciones).

Las restantes 11.461, correspondientes a más del 91% del total de casas que el gobierno exhibe como “viviendas terminadas”, sólo han sido reparadas con el subsidio de hasta 55 UF. (Vea el desglose de las cifras informadas por el Minvu)

Ivelic señala que por el momento predominan las casas reparadas por sobre las construidas, porque es más simple echar a andar ese tipo de obras, pero sostiene que en la medida que avance el plan, se irán equiparando las cifras.

Esfuerzo compartido

-Entregamos el subsidio de reparación entendiendo que no vamos a solucionar todo en una casa, pero la idea es que la familia también ponga algo, haga un esfuerzo, para devolver la habitabilidad a su vivienda -señala Ivelic.

Una de las personas a las que el Estado pide que pongan una cuota de su parte es Antonia Domingo Espinoza. Ella es viuda, tiene 70 años y vive en Quinta Normal con una hija y un nieto. Recibe una pensión de $100 mil y complementa sus ingresos con el arriendo de un local que habilitó en su vivienda y que fue dañado por el terremoto. Obtuvo el subsidio de reparación en abril (resolución 2980):

-Me arreglaron unas paredes de dos piezas de la parte que ocupan mi hija y mi nieto. Me dijeron que tenía derecho a usar $800 mil, porque una parte es la ganancia de la constructora. Elegí que le arreglaran a mi hija, porque ¿cómo la iba a dejar viviendo mal? Pero la parte del local no la arreglaron. Tuve que recurrir a una pariente que me prestó plata para empezar a arreglar. Y le voy a ir pagando de a poco, porque en estos meses se me juntaron las contribuciones, la luz y el agua.

Osvaldo Belmar Paine también está entre aquellos a los que el gobierno pide un esfuerzo. Tiene 76 años, vive con su esposa y un hermano en San Bernardo. Él recibe una pensión de $90 mil y su mujer otra de $75 mil. El subsidio se lo dieron en abril (resolución 2980). Su casa sufrió daños en el techo, el cielo del segundo piso, desplazamiento de tabiquería, puertas descuadradas y fisuras en muros:

-La constructora se puso a cambiar los cielos en la villa. Pero yo, para evitar el frío en el invierno, ya había arreglado el mío, porque empezaron a trabajar en octubre. Entonces les dije que me arreglaran el techo, porque después del terremoto me lluevo. Me respondieron que sólo arreglaban cielo. Vino el jefe y me dijo “usted optó por el cielo”. Yo le respondí: “Yo no opté por nada, señor. Yo me gané un subsidio y lo puedo ocupar en lo que quiera”. En febrero fue la última vez que vinieron y como gran cosa me ofrecieron cambiarme tres marcos de ventanas. En primer lugar, mis marcos no están malos. Y, en segundo lugar, esas tres ventanas no suman los $800 mil del subsidio.

Luis Cabello Heredia vive con su esposa en Estación Central. Recibe una pensión de $130 mil y sufre de parkinson. En abril recibió a tres arquitectos que, según cuenta, constataron daños en muros, tabiquería y elementos no estructurales del segundo piso. Al mes siguiente recibió el subsidio (resolución 3701). Los trabajos se iniciaron el 30 de julio a cargo de la EGIS Alegría (Empresa de Gestión Inmobiliaria Social).

-Cuando empezaron, el arquitecto me dijo que el presupuesto consideraba la reparación de toda la casa. Pero a las dos semanas me dijo que no iba a alcanzar y que el dormitorio principal no iba a ser considerado, porque las 55 UF ya las habían gastado. La casa sigue con fisuras en los muros. Al final yo acepté que no entregaran todo terminado, porque el trabajo en general se ve bastante bien, pero la verdad es que no sé qué pueda pasar cuando venga otro remezón.

Consultada sobre los arreglos incompletos en el domicilio de Luis Heredia, la jefa de la Unidad de Vivienda de la Municipalidad de Estación Central, Eleonor Caro, señaló a CIPER que, de acuerdo con su experiencia en terreno, es común que los subsidios de reparación que se entregan dentro del plan de reconstrucción del gobierno no cubran la totalidad de los daños.

Otros casos en los que CIPER detectó que el subsidio de reparación no alcanzó para ejecutar todos los arreglos indispensables son los de Ruth Poblete Urrutia (Conchalí, resolución 2980), a quien le repararon un muro medianero, pero quedó con daños en el techo, donde puso plásticos para sortear las lluvias; Isabel Bertoni Iturra (Quilicura, resolución 3701), en cuya casa cambiaron la techumbre, pero el subsidio no alcanzó para arreglar fisuras en muros estructurales y un muro medianero caído;Sandra Rebolledo Illanes (Quilicura, 3701), que recibió un techo nuevo, pero el beneficio no permitió reparar fisuras en muros estructurales y levantar un muro medianero; Osvaldo Caro Alfaro (Conchalí, 3701), cuya esposa, Mireya Reyes, cuenta que escogieron reparar los muros medianeros, pero quedaron con daños en el techo, y Sylvia Cabello Candia (Conchalí, 3701), cuya casa sufrió la caída de tres muros medianeros y con el subsidio sólo pudo levantar uno.

El presidente del Comité de Adelanto y Mejoramiento de la Villa San Enrique de Qulicura, Jorge Villacura, señala que alcanzó a postular a 120 de sus vecinos al subsidio de reparación antes de que se cerrara el registro de damnificados el pasado 30 de julio. El beneficio sólo alcanzó para cambiar las techumbres. De los 120, indica Villacura, “el 80% tiene daños graves que no quedaron cubiertos por el subsidio y el 50% no tiene recursos ni capacidad de endeudamiento para ir pagando esos arreglos”.

Una situación similar ocurre en la Villa San Cristóbal de Recoleta, de acuerdo con el testimonio de Luisa Peralta, presidenta del Comité de Mejoramiento de Vivienda. La dirigenta ha tramitado exitosamente siete proyectos para restaurar parte de los 900 departamentos y 32 edificios del conjunto residencial, seis de ellos antes del terremoto: “Arreglamos las cubiertas (techumbres) y pasillos de varios blocks. En varios departamentos se puso piso de cerámica o flotante”.

Después del terremoto, Luisa Peralta postuló dos grupos al subsidio de reparación de viviendas para damnificados. El primero fue de 58 departamentos y el objetivo era reparar exteriores (techos y pasillos), lo que benefició a siete blocks. El segundo es de 56 familias: 27 de ellas postularon para arreglar exteriores y 29 para reparación de interiores (principalmente muros de tabiquería rotos o desplazados, fisuras en muros y desprendimiento del antepecho de los ventanales del frontis).

-El 60% de los departamentos, aproximadamente, requiere de obras complementarias para reparar daños que dejó el terremoto, pero que no son cubiertas por el subsidio. Lo más caro es reparar los baños, porque tuvimos muchos desplazamientos de artefactos sanitarios, y el sistema eléctrico, que se dañó por el desplazamiento de muros de tabiquería. Esos gastos, lamentablemente, van a tener que se cubiertos por cada vecino y acá tenemos muchos adultos mayores que no tienen capacidad de ahorro ni posibilidades de endeudarse -indica la dirigenta vecinal.

Los que quedaron fuera


José Durán Garay (65) no le quedó más remedio que poner su cama matrimonial al lado del comedor. En aquel estrecho espacio, la cabecera se ubicó bajo lo que pretende volver a ser una ventana y que hoy no es más que inmenso forado en el muro tapado con cartones, mas para darle algo de intimidad a la pareja que para ponerle una valla al frío. A José Durán el terremoto lo pilló construyendo la que iba a ser su casa definitiva. Había levantado él mismo los muros de ladrillo, pero le quedaba por delante armar las cadenas y pilares para fortalecer la estructura. El sismo remeció la casa sin esas defensas y lo tumbó todo. “No quedó ni una muralla parada”, dice.

Con una pensión de $127 mil mensuales, Durán no tenía medios para arreglar su casa. Asegura que presentó su caso en la Municipalidad de Recoleta, pero dice que nunca recibió una visita técnica que calificara los daños de su hogar. Su inscripción en el registro de damnificados quedó plasmada en la ficha que le hicieron en la Unidad de Vivienda del municipio el 19 de julio de 2010.

El 27 de agosto recibió una carta de la ministra de Vivienda, Magdalena Matte: “Le escribo para entregarle un mensaje de tranquilidad, ánimo y esperanza en estos difíciles momentos que sabemos usted y su familia están viviendo”. En el mensaje, la ministra le anunciaba que su casa había sido calificada como “reparable” y que estaba en condiciones de postular a un subsidio. “De acuerdo a lo que nos ha pedido el Presidente de la República, Sebastián Piñera, estamos trabajando con energía y responsabilidad (…). Con su participación y esfuerzo no tengo dudas que juntos podremos reparar su vivienda”, finalizaba la carta.

José Durán esperó en vano. No volvió a recibir noticias. Como no podía quedarse de brazos cruzados y con un dinero que recibió, comenzó a reconstruir su casa. En eso estaba cuando lo visitó un arquitecto del municipio. Al ver que don José estaba levantando algunas murallas, el profesional anuló su ficha de damnificado y anotó en el margen superior: “La persona comenzó a reparar de forma independiente” (vea la ficha). Con esto, la postulación al subsidio abortó y nadie se lo comunicó al afectado.

Sin el subsidio, a José Durán le alcanzó la plata para levantar la obra gruesa del primer piso y adquirir una mediagua que pretende instalar en el segundo, lo que podrá hacer si es que consigue los $250 mil que requiere para comprar vigas. Pidió el dinero al municipio, pero sólo le dieron $50 mil.

La historia de José Durán Garay grafica la de miles de familias vulnerables que, por desinformación o falta de asistencia, quedaron fuera del proceso de selección para los subsidios y que se vieron en la obligación de comenzar a reparar sus casas con esfuerzo propio y endeudamiento. No hay manera de dimensionar este contingente de familias, pero en un recorrido hecho en el sector Pila del Ganso (Estación Central), CIPER detectó a lo menos tres casos.

Eliana Toro Fernández vive en Manuel Thompson 4370, recibe una pensión de $75 mil y su casa presenta fisuras en muros y desprendimiento de adobe en tabiquería. Dice que en marzo concurrió al Departamento de Desarrollo Social de la municipalidad para solicitar ayuda, pero que nunca la recibió: “Fui a preguntar qué tenía que hacer. La secretaria me pidió los antecedentes y me dijo que iban a mandar a un arquitecto a verme, pero nunca llegaron”.

Edith Latourniere Cartagena reside en Coronel Souper 4151, con dos hijos y una nuera. El único ingreso de su grupo familiar es el sueldo de $200 mil que recibe uno de sus hijos. Su casa tiene fisuras en muros estructurales, tabiquería y cielos. Lo curioso de su caso es que aunque las asistentes sociales de la municipalidad la visitaron y le entregaron ayuda correspondiente al programa “Manos a la obra” (tres planchas de yeso-cartón y un kilo de clavos, todo por $14.929), no la inscribieron en el registro de damnificados y quedó impedida de postular al subsidio de reparación.

Marta Urbina Rojas tiene su domicilio en Recreo 322. La Dirección de Obras del municipio determinó que su casa tiene fisuras en cimientos, radieres, tabiquerías y cielos. Figura como inscrita para postular al subsidio de reparación con fecha 10 de marzo y la Ficha de Protección Social le otorgó 10.974 puntos (el Minvu pide menos de 13.484 para optar al beneficio). En el municipio aseguran que Marta Urbina está “en nómina para la próxima realización de presupuesto, a cargo del arquitecto responsable del proyecto. La visita a estas familias está programada para la última semana de marzo, para postular (al subsidio) en abril”. Pero ella no les cree:

-Me dijeron que me iban a llamar para avisarme qué solución me van a dar. Hace un año que me vienen prometiendo ayuda, pero ya no les creo. Si Dios quiere que esta casa se caiga y que yo muera adentro, que así sea.

La responsable de la Unidad de Vivienda de la municipalidad, Eleonor Caro, señaló a CIPER que ha sido difícil dar solución a los damnificados debido a que las empresas que deben hacer los trabajos evitan realizar obras en la comuna, por la antigüedad y dispersión de las casas afectadas:

-Muchas EGIS se han negado a trabajar aquí. Como en el fondo son un negocio, buscan arreglar casas que estén juntas para que el trabajo les resulte más fácil, lo que no es el caso del barrio de estas personas.

Braulio Iturra reside en 5 de abril 4031 junto a su grupo familiar (cuatro personas). Entre su sueldo y la pensión de su madre, de 76 años, reúnen $300 mil mensuales. No pudo optar al subsidio porque no tiene regularizada la posesión efectiva. La propiedad figura a nombre de él y de su hermana, que ya falleció. El problema es que el viudo de su hermana se resiste a firmar los papeles para sanear la posesión y, en esas condiciones, el Estado no le da el subsidio aunque cumple con los requisitos socioeconómicos.

El diputado y arquitecto Patricio Hales (PPD), miembro de la Comisión de Vivienda de la Cámara, critica que situaciones como las que vive Braulio Iturra no tengan respuesta en el plan diseñado por el gobierno:

-El ministerio optó por usar los subsidios que ya existían, como el de reparación PPPF, y desestimó crear nuevos instrumentos más flexibles para responder a familias vulnerables que quizás no cumplen con un requisito formal, como la posesión efectiva, pero que es notorio y palpable que requieren con urgencia ayuda y que se la merecen por la angustiosa situación socioeconómica que viven.

En la Villa La Palmera I, en San Bernardo, CIPER detectó otro caso similar. Luz Espinoza (75) vivía junto a su madre y su hermana. Ambas fallecieron y quedó sola. El terremoto la sorprendió cuando pretendía iniciar los trámites para obtener la posesión efectiva porque la vivienda estaba a nombre de su hermana. La casa quedó con daño en el cielo del segundo piso, puertas descuadradas, tabiquería desplazada y muros estructurales con fisuras.

Esta habitante de San Bernardo ha visto cómo los maestros deambulan arreglando las casas de sus vecinos, pero afirma que a ella no le han puesto “ni un clavo”:

-El 25 de abril vinieron dos señoritas de la municipalidad y me inscribieron, pero después me dijeron que no podían ayudarme porque no tengo la posesión efectiva.

Uno de sus vecinos decidió renunciar a su subsidio para que con esos recursos la constructora le arreglara la casa a ella, pero no se lo aceptaron. Otros han trabajado de manera voluntaria, con materiales que sobraron en otras obras, para apuntalarle el cielo. Ella evita subir al segundo piso, porque teme que las paredes o el cielo le caigan encima si hay un nuevo temblor. Amontonó sus enseres en el living y con una plancha de yeso-cartón improvisó un biombo para separar su cama de la mesa del comedor.

Luz Espinoza mira su ropa, su cama, su mesa y un par de sillas, que son todo el patrimonio que le dejó el cataclismo, y tratando de escapar de un presente infame y doloroso, prefiere refugiarse en otros tiempos: “Sabe, mi papá tenía una de las carnicerías más grandes de San Bernardo”.

*Este reportaje fue actualizado el 23 de marzo de 2011

FUENTE----CIPER Centro de Investigacion Periodistica 

 

http://ciperchile.cl/2011/03/22/reconstruccion-gobierno-promociona-como-“viviendas-terminadas”-casas-que-aun-tienen-danos-por-el-t

 

Por---Pedro RamírezJuan Pablo Echenique y Tabatha Guerra en Reportajes de investigación

 Enviado por --Carlos Peres

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martes, 17 de enero de 2012

Karla Rubilar acusa a Novoa de impedir cambios al sistema electoral por “conflicto de interés brutal”

PUNTA ARENAS 13 de Enero del 2012


SEÑOR 

EDITOR DE MEDIO DE COMUNICACION Y DIFUSION PUBLICA. 

PRESENTE

Hacemos llegar a su respetable medio---

Karla Rubilar acusa a Novoa de impedir cambios al sistema electoral por “conflicto de interés brutal”

 

POR-CLAUDIA RIVAS ARENAS

 


Pasan los días y lejos de bajar las revoluciones, al interior del oficialismo sólo aumenta el tono de la confrontación entre quienes apuestan por las reformas políticas y los que se oponen de plano a ellas, particularmente la UDI. Quien ha salido a defender con más fuerza la posición del gremialismo ha sido el “coronel” más duro de la colectividad y en él han centrado también sus dardos los díscolos de la Alianza.

 

 

La polémica por las reformas políticas sigue creciendo al interior de la Alianza. El senador UDI Jovino Novoa es sindicado, tanto por la oposición como por la disidencia de Renovación Nacional, como el principal responsable de impedir la modificación del sistema binominal. Según el coronel gremialista, el Presidente Sebastián Piñera no enviará proyecto alguno de reforma electoral sin el acuerdo de toda su coalición. Frente a tales dichos, la diputada Karla Rubilar reaccionó acusando al vicepresidente de la UDI de tener “un conflicto de interés brutal” en esta materia, por su decidida negativa a respaldar las modificaciones al sistema.

Visiblemente molesta por la postura asumida por el ex timonel gremialista, la diputada Rubilar advirtió que “no me asombra nada que la posibilidad cierta de contar con los votos para realizar las reformas políticas, y en particular el cambio al binominal, generen escosor en algunos… Porque hay una gran diferencia entre la senadora Lily Pérez, electa con primera mayoría en la circunscripción Quinta Cordillera, y un senador Jovino Novoa que salió tercero y sólo electo por el binominal. Ahí se puede ver el claro y brutal conflicto de interés”. Por lo que instó “a la UDI y a quienes se oponen a los cambios a que dejen al Presidente hacer las reformas que cree buenas para el país, porque por eso salió electo”.

La diputada díscola, como se le reconoce, recordó que “no es primera vez que la UDI se niega a hacer cambios. Ya lo hizo en los ’90, cuando se opuso a las reformas constitucionales, por ejemplo, para eliminar a los senadores designados, y fue Renovación Nacional la que con sus votos permitió el cambio”. Además, revisando la historia social reciente, la legisladora desestimó el argumento gremialista que podría ser perjudicial para el país cambiar el actual sistema electoral, porque “nadie podrá decir que esos cambios le hicieron mal a Chile”.

Mientras, el aludido senador insiste en aumentar la presión sobre Piñera. Esta mañana dió por hecho que “el gobierno no va a impulsar un cambio”, algo que molestó sobremanera a los parlamentarios oficialistas, quienes creen sí debe hacerse. Novoa se explayó aún más, en el marco de una entrevista en Radio Agricultura, señalando que “el Presidente tiene muy claro cuál es su base de gobierno, y hacerle caso a los elogios por twitter de quienes le tratan de destruir el gobierno todos los días, tendría que ser muy ingenuo. Y el Presidente no tiene nada de ingenuo. Esos apoyos son muy interesados”.

Asimismo, criticó la alianza de los 24 parlamentarios que suscribieron un proyevto de acuerdo para promover el cambio al sistema electoral y al que se sumaron los senadores de Renovación Nacional Lily Pérez y Antonio Horvath, señalando que “se juntan ayer senadores que dicen somos 24 y vamos a cambiar el sistema binominal, pero yo quiero sentarme a esperar que propongan el sistema que quieren, porque ahí se tiene que poner de acuerdo los socialistas con el PPD, con la Democracia Cristiana, los radicales, y eso no ha pasado en 20 años”.

“EN ESTA TAREA, LA CONCERTACIÓN ES SOCIA DE PIÑERA”

Así, todo indica que el mandatario está en medio de un conflicto del cual será dificil salir bien parado. Al tiempo que en su propio sector se enciende la disputa, desde la oposición presionan para que asuma una posición de liderazgo y tome una decisión definitiva, sin traspasar la responsabilidad de hacer o no hacer reformas a los partidos.

En esa línea, se expresaron esta mañana los representantes de la Concertación para elaborar una propuesta en materia de cambios al binominal, tras reunirse con el ex Presidente y actual senador DC Eduardo Frei. En este sentido, uno de los integrantes de dicha instancia, el diputado DC Jorge Burgos enfatizó que “la Concertación, coalición de oposición, en esta tarea de modificar el binominal es socia del Presidente Piñera” y advirtió que en un régimen presidencialista como el chileno, “es cosa de tomar la decisión de terminar con el veto de la UDI”, de parte del mandatario, para avanzar en los cambios que se requieren al mecanismo electoral. Y añadió que en el actual escenario, de Piñera “esperaría una actitud de los Presidentes…que cuando hay inconvenientes de este tipo los resuelvan y no esperen que lo resuelvan otros”, aludiendo al liderazgo del jefe de Estado, que ha sido puesto en tela de juicio por su propia coalición.

Por su parte, aumentando la presión, Frei sentenció que ya “está todo sobre la mesa del Presidente, quien tiene que tomar una decisión” y, en la misma línea de Burgos, reiteró que “en un régimen presidencial, el presidente tiene que tomar decisiones” y adelantó que la Concertación presentará la próxima semana una propuesta para modificar el sistema binominal.

FUENTE--Elmostrador.cl

http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2012/01/12/karla-rubilar-acusa-a-novoa-de-impedir-cambios-al-sistema-electoral-por-%E2%80%9Cconflicto-de-interes-brutal%E2%80%9D/

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