$280 millones deberá pagar el Estado a familia de joven asesinado por carabinero en protesta estudiantil.
PUNTA ARENAS 11 de Noviembre del 2010
SEÑOR
EDITOR DE MEDIO DE COMUNICACION Y DIFUSION PUBLICA
PRESENTE
Hacemos llegar a su prestigioso medio ---
$280 millones deberá pagar el Estado a familia de joven asesinado por carabinero en protesta estudiantil.
Después de 11 años de espera, la familia del joven universitario Daniel Menco Prieto, fallecido el 19 de mayo de 1999 a raíz de un disparo efectuado por Carabineros en medio de una protesta estudiantil en la Universidad de Tarapacá, en Arica, recibió respuesta por parte de la justicia a sus demandas.
La Corte Suprema confirmó la condena en contra del Estado, que deberá pagar 280 millones de pesos por la muerte del estudiante.
Según el fallo, que ratificó el dictamen de la Corte de Apelaciones de Arica, el fisco deberá pagar 90 millones de pesos a Héctor Menco padre la víctima, 90 millones más a Lidia Prieto, madre del estudiante y 50 millones a cada uno de sus dos hermanos, por concepto de indemnización por daño moral.
Según la resolución del máximo tribunal del país, “ha existido falta de servicio por parte del Estado de Chile, pues la organización estatal no funcionó como debía o como se esperaba al momento de velar por la mantención del orden público, ya que lo hizo en forma negligente” y agrega que “en consecuencia, el Estado debe responder directamente por esa actuación, que en este juicio le es reprochado como un hecho propio”.
En cuanto al alcance penal de la causa, en junio de 2005 la Corte Suprema ratificó la condena a tres años de pena remitida por el cuasidelito de homicidio al mayor de Carabineros Norman Vargas Aragón, quien reprimió la manifestación estudiantil con balines de acero, lo que resultó en la muerte del joven.
Juan Gallardo, abogado de la familia, indicó que este fallo, al menos,representa una ayuda para realizar un apoyo psicológico a la familia.
“El primer gran escollo fue ganar la causa criminal con una sentencia condenatoria para Norman Vargas, lo que se obtuvo no con lo la pena que nosotros queríamos, pero por lo menos con la más alta que se podía tener con la legislación que se estaba aplicando. Y el segundo capítulo fue esta demanda compensatoria. Ninguna cantidad de plata va a reemplazar a un ser humano, pero sí una cantidad de dinero que al menos sirva para realizar un apoyo psicológico y psiquiátrico a la familia, a fin de enfrentar todas las consecuencias postraumáticas que los provocó esta muerte”, comentó el jurista.
La madre del joven Daniel Menco se manifestó conforme con la sentencia de la Corte Suprema, aunque recalcó que el dinero no le devuelve la vida de su hijo y espera que “sea la última vez que pase esto” en el país.
COMENTARIO DE-
Dr. José Venturelli:
Una buena noticia en el camino de búsqueda de una verdadera Justicia… Sin embargo, la persistencia de la llamada “Justicia Militar”, precisamente, previene que los uniformados sean juzgados. A 11 años vemos que todo pasó mucho tiempo (demasiado tarde) , paga el Estado (se intenta pagar con dinero por un crimen cometido por un sistema represivo) y la pena del responsable inmediato es remitida… (No se hace Justicia efectiva que lleve a prevenir esto hacia futuro) Es decir, sin querer ofender la lucha importante de la familia y abogados, la sociedad termina haciendo lo se critica: demasiado tarde, demasiado poco e ineficiente.
Para que nunca más… la Justicia Militar debe ser derogada: Nadie tiene derecho a llevar adelante crímenes de ningún tipo y ser “juzgados de mentira” como lo hace la (in)-Justicia Militar y luego esconderse en su grupo protector. Vivimos en una sociedad que debe impedir las mentalidades estilo mafia: Justicia para todos, única y confiable. No hay razón ninguna que deba permitir escapar a esta norma. Ninguna, si queremos ser una sociedad democrática.
Los crímenes que hemos visto desde el fin de la dictadura han sido, fundamentalmente dejados de lados y los criminales sobreseídos. Y cuando se ha hecho “algo” se persigue al más débil de la cadena de ejecución de la represión: el carabinero/policía civil o soldado mandado a reprimir cuando LA AUTORIDAD se tienta con la idea de que la “letra con sangre entra”. Los que planean, gobierno, ministros del Interior, fiscales fundamentalistas, oficialidad superior, y otros que participan en el proceso de las decisiones represivas deben ser claramente identificados y ellos ser juzgados.
La ausencia de libertad de informar y de ser informado es “normalmente” seguida de la represión. Liberar la información educará a todos y será parte de un proceso democratizador. Pero esta cadena democrática falta ya por mucho tiempo porque las muertes del joven universitario Daniel Menco Prieto, las de Matías Catrileo, Jaime Mendoza Collio, Alex Lemún, el desaparecimiento del menor José Huenulao en Puerto Montt y muchas otras de esa larga lista COORESPONDEN TODOS A LAS LLAMADAS MUERTES ANUNCIADAS. Es decir, todas eran previsibles. Por ello, la muerte de los jóvenes asesinados deben llevar a prevenir que se repitan.
El pueblo entero, de modo participativo (y no binominalmente) con la población entera debe producir una nueva Constitución, participativa, para que esto, efectivamente, NO SUCEDA NUNCA MAS. Su postergación –eterna si fuera posible- es la exigencia del dictador mismo y de quienes se esconden pretendiendo de que tenemos una sociedad de derecho y que es justa. La colusión contra la justicia tiene ingredientes múltiples: miedo por la historia y presente represivo, ganancias de quienes están en los poderes del estado y la falta de mirar la Justicia como una necesidad urgente, para todos, por igual, confiable. ¿Qué es lo que no entienden cuando se dice a la Represión Nunca Más?
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