Punta Arenas 27 de Febrero del 2011
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Hacemos llegar despues de un largo tiempo --
La muerte de Allende a investigación despues de casi 40 años después.
La justicia de Chile iniciará una histórica investigación sobre la muerte del expresidente Salvador Allende, ocurrida el 11 de septiembre de 1973 en pleno golpe de estado, un paso que el juez que estará a cargo del proceso consideró "una responsabilidad tremenda".
La investigación estará a cargo del juez Mario Carroza, quien indagará las circunstancias del deceso del exgobernante, que siempre se atribuyó a un suicidio durante el golpe militar, aunque existieron versiones de que en verdad había sido asesinado.
Colaboradores cercanos a Allende, su médico personal Arturo Girón y algunos parientes sostuvieron que el exmandatario se suicidó, que fue lo que dijeron los militares golpistas.
La pesquisa fue ordenada después que la fiscal judicial Beatriz Pedrals presentara, el lunes, 726 querellas por casos de víctimas de la violación de derechos humanos cometidas desde el 11 de septiembre de 1973 hasta el 11 de marzo de 1990, entre las que se encuentra la muerte de Allende.
Carroza deberá ahora recoger testimonios y ordenar las pericias correspondientes para corroborar si Allende se suicidó en La Moneda o fue víctima de la acción de terceros, como algunas versiones indicaron en los casi 40 años que transcurrieron desde su muerte.
El año pasado, el juez Sergio Muñoz, de la Corte Suprema , en su calidad de ministro coordinador para casos de derechos humanos, detectó que existían casos de víctimas de violaciones de derechos en los que no existían acciones interpuestas por sus representantes.
Muñoz elaboró un registro para verificar el número total de personas que figuraban en esta calidad y encomendó a la fiscal Pedrals la redacción de las querellas respectivas.
Uno de estos casos sin investigar corresponde al expresidente Allende, quien murió en La Moneda mientras el palacio era bombardeado por aviones Hawker Hunter de la Fuerza Aérea chilena.
"Es una responsabilidad tremenda, es una labor más que importante para el Poder Judicial", subrayó Carroza, según la agencia DPA.
El magistrado adelantó que recurrirá a "todo aquel elemento, testigo, documento o antecedente que sea necesario" para esclarecer estos delitos.
Carroza anunció que pedirá la autopsia practicada por el Servicio Médicio Legal y no descartó exhumar los restos, que permanecen en una tumba en el cementerio general.
Según la autopsia, practicada el mismo día, el disparo que terminó con la vida de Allende "corresponde a los llamados ´de corta distancia en medicina legal´" y "ha podido ser hecho por la propia persona". El informe lleva las firmas de los médicos José L. Vásquez y Tomás Tobar Pinochet.
Algunos profesionales cuestionaron entonces esa autopsia y el legista Luis Ravanal advirtió que presenta "omisiones técnicas relevantes", además de haber sido hecha en un hospital castrense en vez de en el Servicio Médico Legal.
En la lista de casos por investigar figura también el del periodista y amigo personal de Allende Augusto Olivares, de quien se afirma que se suicidó en La Moneda antes del deceso del exmandatario.
La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, dijo, en tanto, que con esta decisión "el Poder Judicial está dando un ejemplo" y fue más allá al celebrar que la medida "se contrapone a las decisiones del presidente Sebastián Piñera, quien está desbaratando toda la institucionalidad de derechos humanos en el gobierno".
Desde el Ejecutivo, la única voz que se escuchó fue la de la ministra vocera, Ena von Baer, quien aseguró que el gobierno respeta lo que determine la justicia.
"Respetamos todas las decisiones de los tribunales; que todas las situaciones que tengan que ser investigadas se investiguen", manifestó.
Se estima que en Chile unas 3.000 personas fueron ejecutadas o desaparecidas durante la dictadura militar de Augusto Pinochet, y unos pocos militares, 110, fueron condenados, aunque apenas 22 cumplen penas efectivas, según cifras del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior.
Por Jean Pierry
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